Análisis de conflictos familiares

El tercer sector ya ocupa en España a mas de un millón de personas -entre trabajadores remunerados y voluntarios que prestan sus servicios en jornada completa- y está experimentando un nuevo y específico auge en el ámbito de la cooperación al desarrollo, actividad emergente que ha merecido recientemente una regulación novedosa en el RD 519/2006, de 28 de abril, que crea el Estatuto de los Cooperantes. En esta obra se analiza la relación jurídica de cooperación internacional para el desarrollo o la ayuda humanitaria regulada por el citado Estatuto. Tras situarla en el contexto del...

El 5 de agosto de 2018 se cumplieron veinte años de la promulgación la Ley 472 de 1998, encargada de regular la acción popular y de grupo en Colombia. En lo que atañe a la acción popular, debe recordarse que es originaria del derecho romano y que fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico desde el siglo XIX por el Código Civil. Sin embargo, luego de expedirse la Constitución de 1991, sufrió una importante transformación al ser elevada a rango constitucional. Este hecho ha permitido que en las últimas dos décadas se hayan generado relevantes desarrollos, discusiones y...

La "incapacitación judicial" (o "modificación de la capacidad de obrar") es un procedimiento que habitualmente afrontan personas a las que se ha diagnosticado discapacidad intelectual. Esta práctica se realiza para establecer medidas judiciales de protección personal y patrimonial. Sin embargo, este procedimiento implica la vulneración de derechos fundamentales. Los relatos de las experiencias vividas por personas afectadas y sus familiares sugieren que esta práctica está profundamente atravesada por un conjunto de prejuicios, estigmas y estereotipos sobre las personas a las que se ha...

De todos es sabido que "más vale un mal acuerdo, que un buen juicio". Sin embargo, cuando las cosas se tuercen, a menudo no queda más remedio que acudir a los tribunales. Podemos definir los recursos como medios de protección al alcance de los ciudadanos para impugnar los actos y hechos judiciales o administrativos, que considere ilegítimos o no conformes con la Ley para defender sus derechos. Hemos de distinguir dos clases de recursos: los recursos judiciales (penales y civiles) y los recursos administrativos.