Análisis de conflictos familiares

La Constitución Política de Colombia es la ley suprema de los colombianos. Como ley de leyes establece los derechos y deberes de los ciudadanos y define la organización del Estado. Su última versión fue expedida en 1991 por una Asamblea Nacional Constituyente conformada por 70 miembros elegidos por voto popular durante la presidencia de César Gaviria Trujillo. Está compuesta por un preámbulo, 13 títulos, 380 artículos y 67 artículos transitorios que regulan los derechos y deberes de los ciudadanos (principios fundamentales; derechos, garantías y deberes; habitantes y territorio;...

Tauromaquia y Propiedad Intelectual es el primer libro de Hugo de Patrocinio Polo, donde se ofrece a los lectores una obra muy trabajada que, con argumentos jurídicos, defiende el derecho de propiedad intelectual de los toreros, en concreto de su faena. La originalidad de sus reflexiones en comparación con la de otros autores, el análisis de las normas internas y de derecho comparado, de la jurisprudencia y la doctrina, su estudio del toreo desde la experiencia, hacen que sea interesante y entretenida su lectura tanto para el jurista como para el lego.

A través de 88 películas —Ladrones de bicicletas, Rashomon, Los olvidados, 12 hombres en pugna, Psicosis, El juicio de Núremberg, Matar un ruiseñor, La naranja mecánica, El padrino, Asesinato en el Expreso de Oriente, La lista de Schindler, La raíz del miedo, Presunto culpable, Snowden…— las autoras y autores de este libro toman como referencia algunas historias llevadas a la pantalla durante los últimos cien años para reflexionar sobre la política criminal, la seguridad pública, la procuración y administración de justicia. El objetivo es ofrecer una visión más amplia y...

Unesco propugna que la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos puede y debe ser considerada como un marco de principios y pautas bioéticas que se deben aplicar, también, en el tratamiento de las cuestiones de la discapacidad. Este libro aporta claves que permiten La a los estados y al resto de agentes implicados adoptar la perspectiva de la diversidad funcional y las capacidades diferenciadas que evite la exclusión, desde un enfo­que basado en los derechos humanos.