Estado del bienestar y políticas sociales: Una aproximación a la situación española y colombiana

Tauromaquia y Propiedad Intelectual es el primer libro de Hugo de Patrocinio Polo, donde se ofrece a los lectores una obra muy trabajada que, con argumentos jurídicos, defiende el derecho de propiedad intelectual de los toreros, en concreto de su faena. La originalidad de sus reflexiones en comparación con la de otros autores, el análisis de las normas internas y de derecho comparado, de la jurisprudencia y la doctrina, su estudio del toreo desde la experiencia, hacen que sea interesante y entretenida su lectura tanto para el jurista como para el lego.

Este libro contiene el texto del alegato judicial de Allan R. Brewer-Carias presentado en noviembre de 2005, junto con sus abogados Rafael Odreman y Leon Henrique Cottin, ante la competente autoridad judicial de Venezuela solicitando la nulidad de todo lo actuado por violacion de los derechos y garantias constitucionales del autor, en el injusto y viciado proceso que se le instruyo por supuestamente "conspirar para cambiar violentamente la Constitucion" con ocasion de haber dado una opinion juridica, como abogado, durante en la crisis politica ocurrida en Venezuela el 12 de abril de 2002,...

Santiago Muñoz Machado, uno de los más reputados juristas españoles, lleva a cabo una nueva presentación de la obra que constituye todo un clásico en la bibliografía de nuestro Derecho administrativo y constitucional desde hace quince años. En los nuevos tomos que integran la obra el autor, además de algunos cambios en la disposición de los materiales, ha llevado a cabo una corrección minuciosa de los textos y ha tenido en consideración, en la versión final, todas las aportaciones doctrinales y jurisprudenciales relevantes sobre los asuntos objeto de estudio que se han manifestado ...

Este libro está compuesto por una serie de trabajos que, de manera conjunta, proponen la necesidad de construir una Teoría de la Prueba judicial a partir de dos condiciones. En primer lugar, esta debe estar constituida desde los hechos y los problemas planteados por éstos, y no desde las normas, esto es, que no se limite a ver los problemas de prueba como problemas de interpretación de las normas jurídicas que regulen la actividad probatoria.