Pobreza energética y derechos humanos en América Latina y el Caribe Insular

La presente obra es el resultado de un proyecto de tesis doctoral iniciado durante el año 2013. Un trabajo vinculado con la línea de investigación «Derecho Público y de la Empresa», dentro del programa de Doctorado en Ciencias Económicas, Empresariales y Jurídicas vinculado a la Facultad de Derecho de la Universidad de Almería. Junto a la labor investigadora ha primado también una importante labor formativa que se extiende mucho más allá de los conocimientos que expongo en este trabajo. Mención especial al prof. Juan Francisco Pérez Gálvez quien ha despertado en mí un...

La aportación más fina del derecho Penal está en su concepto de imputación. La imputación obedece a una determinada clasificación jurídica que la ley señale como delito. Sólo las conductas típicas, aquellas que la ley señala como delitos, son susceptibles de imputarse. Los elementos para la clasificación jurídica que la ley señale como delito están debidamente determinados en el Código Nacional de Procedimientos penales. En esta obra el autor llevó acabo la clasificación jurídica en 500 casos.

Esta nueva entrega del Anuario de Arbitraje repasa las importantes decisiones adoptadas en 2021 por la jurisprudencia constitucional española; asimismo, analiza el estado de la práctica arbitral más reciente desde los puntos de vista de las garantías procesales, el uso de la tecnología, la diversidad, la eficiencia y la sostenibilidad; examina los laudos recaídos en arbitrajes de inversión de materia energética contra el Reino de España; y aborda muchos otros temas del máximo interés, como la reclamación de daños y perjuicios, la alteración del equilibrio contractual, la...

Este trabajo lleva a cabo un análisis crítico, con especial atención al caso del Ecuador, de la práctica abusiva intentada por varios presidentes en América Latina, y que consiste en reformar la Constitución para poder perpetuarse en el poder –a veces de forma indefinida–. El texto explica por qué dicha práctica es incompatible con varios de los pilares del constitucionalismo democrático: el principio del Estado de derecho, el derecho a la igualdad, el talante deliberativo de la democracia y el principio de alternancia en el ejercicio de las funciones públicas.