Alteración de las circunstancias en derecho de familia.Instituciones viejas para tiempos nuevos

Este ensayo de Marko Milanovic analiza si el Estatuto de Roma es vinculante para individuos, esto es, si las normas que regulan los delitos internacionales son de naturaleza sustancial o jurisdiccional. Si se demuestra que son de carácter jurisdiccional, las normas sustanciales del derecho penal que se dirigen a los individuos estarían en el derecho consuetudinario, que a su vez llegaría a ser un límite de interpretación para el Estatuto. Si, por el contrario, se determina que dichas normas del Estatuto son de carácter sustancial, existiría un problema de legitimación respecto de...

Los derechos constitucionales de las personas en el Ecuador pronuncian entre otros el derecho a la intimidad, el honor y la honra y la propia imagen, subyacentes de la dignidad de toda persona en cada actividad y entorno en que se desenvuelven, incluyendo el mundo digital como son las redes sociales, por ser un medio de comunicación, libertad de información y expresión, exponiendo públicamente la vida privada de las personas convirtiéndose en un escenario proclive de vulnerabilidad de los derechos constitucionales, siendo de actualidad al considerar que seis de cada diez ecuatorianos...

Las páginas de este libro se dedican a analizar los modos de manifestarse y las características del derecho del que se sirvió Roma a lo largo de su historia. Para todo jurista es de capital importancia conocer los antecedentes históricos de su derecho que explican el origen de las instituciones jurídicas de las que este se compone. Además, existen razones específicas por las que el derecho de Roma debe ser materia fundamental en la formación de cualquier jurista occidental.

Unesco propugna que la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos puede y debe ser considerada como un marco de principios y pautas bioéticas que se deben aplicar, también, en el tratamiento de las cuestiones de la discapacidad. Este libro aporta claves que permiten La a los estados y al resto de agentes implicados adoptar la perspectiva de la diversidad funcional y las capacidades diferenciadas que evite la exclusión, desde un enfo­que basado en los derechos humanos.