Constitución, integración y Mercosur en Venezuela

Las teorías de la pena se ocupan del cuestionamiento acerca de si la pena criminal puede ser justificada. Castigar estatalmente significa una carga considerable tanto para el autor que es sancionado como para la generalidad, los cuales deben asumir los costos. Su justificación requiere de una fundamentación cuidadosa que considere del mismo modo los intereses de las víctimas y de la generalidad, y que tenga en cuenta la necesidad de legitimación frente a los castigados.

Esta compilación presenta dieciséis capítulos que exponen las reflexiones, debates y propuestas de soluciones que cada autor plantea empleando una metodología de investigación cualitativa con enfoque dogmático. De esta manera, cada asunto se abordó mediante el empleo del pensamiento lógico, el análisis y la comprensión de los conceptos, la consulta de las fuentes doctrinales, normativas y jurisprudenciales más importantes de cada tema, afrontando las problemáticas culturales, históricas y prácticas, así como empleando, en algunas materias, un análisis de derecho comparado que...

El movimiento feminista transformó la vida de millones de personas y atravesó a todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, una disciplina fundamental de la vida social y política argentina, el Derecho del Trabajo, casi no registró el impacto de esa transformación. “Derecho Laboral Feminista”, el nuevo lanzamiento de Editorial Mil Campanas, ofrece un diagnóstico profundo de esa realidad y -también- un mapa con estrategias y propuestas para el cambio. En línea con este tiempo histórico, pero lejos de la superficialidad de los trabajos de ocasión, tres laboralistas de...

LEY DE UNIONES DE CRÉDITO TITULO PRIMERO Disposiciones preliminares CAPITULO UNICO Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de las uniones, así como las operaciones que las mismas podrán realizar. Artículo 2.- El Gobierno Federal y las entidades de la administración pública paraestatal no podrán responsabilizarse ni garantizar el resultado de las operaciones que realicen las uniones, así como tampoco asumir responsabilidad alguna de las obligaciones contraídas...