Derecho de montes y propiedad privada

En el presente libro, que constituye un homenaje a la figura y a trayectoria del Profesor Fernando Jiménez Conde, Catedrático de Derecho Procesal y maestro de varias generaciones de juristas, se reúnen las contribuciones que sus discípulos y otros reputados profesionales del Derecho han realizado a propósito del recurso de casación en los distintos órdenes jurisdiccionales. Los trabajos abarcan los aspectos fundamentales de este medio de impugnación de resoluciones jurisdiccionales, que tanto ha evolucionado desde su configuración inicial. Todos los autores tienen en común la...

La aprobación de la Constitución de 1978, hace ya más de veinticinco años, comportó la transformación de las estructuras jurídico-políticas del Estado y la redefinición del rol de la magistratura y del ministerio público. Algunos de los jueces y fiscales que, aún formando parte del entramado institucional del Estado en el régimen precedente, contribuyeron al cambio político en España rinden tributo a la memoria de un compañero que se significó por su compromiso en la defensa de los derechos humanos como elemento clave de legitimidad democrática.

Si preguntamos qué es la Presunción de Inocencia, la mayoría de la gente dirá que “nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario”, una entelequia normativa que el pueblo llano no comprende y que, además, resulta de todo punto ilógica. El Tribunal Constitucional ha señalado que nos hallamos frente a una regla de trato que opera tanto en instrucción como en fase de juicio oral. A su vez, la privación provisional de libertad también se configura como una suerte de batalla de presunciones entre la de Inocencia y las contenidas en la LECrim que se refieren a los fines...

La integración laboral está considerada el primer paso para una integración social satisfactoria. El Reglamento de la Ley de Extranjería (Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre) fija los mecanismos y requisitos para que los extranjeros puedan residir y trabajar en España legalmente. De hecho, esta normativa abrió un proceso de regularización especial de tres meses (entre el 7 de febrero y el 7 de mayo de 2005), destinado a los trabajadores irregulares que estaban en el país, tenían un contrato por un periodo mínimo de seis meses, llevaban al menos medio año viviendo en España...