Derecho individual del trabajo

El objeto del derecho a la protección de datos es más amplio que el del derecho a la intimidad, ya que extiende su garantía no sólo a la intimidad en su dimensión constitucionalmente protegida por el artículo 18.1, sino a lo que el Tribunal Constitucional ha definido como esfera de los bienes de la personalidad que pertenecen al ámbito de la vida privada, unidos al respeto de la dignidad personal, el derecho al honor y el pleno ejercicio de los derechos de la persona.

¿Qué relación existe entre el derecho y la literatura? ¿Por qué un grupo sostenido y creciente de juristas, filósofos y también de profesores de literatura decidió girar su mirada hacia el objeto y la disciplina del otro? ¿Qué buscaban allí y qué decía –y sigue diciendo, quizá– esa búsqueda sobre el terreno propio? ¿Qué puede, en definitiva, aprender el derecho de la literatura y viceversa? Las relaciones entre el derecho y la literatura. Una lectura del proyecto de Martha Nussbaum recorre estas preguntas a partir de dos estrategias. Por un lado, ofrece una...

El acontecimiento más importante que en estos momentos se está produciendo en el ordenamiento jurídico penal es su proceso de integración dentro de un sistema superacional como es el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Ello plantea importantes retos al legislador y a la Ciencia del derecho penal que está obligada a aportar soluciones e ideas.Las contribuciones que reúne el presente volumen aceptan este reto iniciado ya con la publicación del trabajo sobre Eurodelitos, en el primer volumen de la colección Marino Barbero Santos. Si entonces se aportaban propuestas de...

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.Con la actualización de cifras establecida por Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2018.