Derecho individual del trabajo

La mediación familiar es, sin duda, una de las que más desarrollo normativo y aceptación ha tenido en nuestro país, siendo las distintas CCAA las que han venido gestionándola a lo largo de los últimos años y de manera muy eficiente. Dicho esto, la mediación familiar puede definirse como un método autocompositivo de gestión y resolución de conflictos familiares, voluntariamente elegido por las partes, flexible, y en el que interviene un mediador, neutral e imparcial, que tiende a propiciar la comunicación y acuerdo de las partes, en un entorno de confidencialidad y de igualdad. En...

Quien, por razón de un trastorno mental grave, comete un delito o carece de la capacidad mínima para comprender y defenderse en un proceso es, ante todo, una persona enferma. Proteger sus derechos y priorizar el tratamiento son las pautas que marcan el camino adecuado para evitar la peligrosidad y lograr su curación. Esta es, en esencia, la tesis que, desde diversos puntos de vista, académicos y profesionales, defendemos en este libro.

La presente monografía constituye un estudio de naturaleza dogmática acerca de la instrucción en la esfera penal. El objeto central de la obra radica en profundizar en los fundamentos teóricos de la referida institución, trazando un repaso histórico de las concepciones fundamentales sostenidas en relación con el particular por la doctrina procesal española. Dicho análisis culmina con el establecimiento de una concepción personal de la instrucción como proceso penal. Se trata de este modo de establecer, por un lado, un marco teórico integral de la categoría de la instrucción...

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.Con la actualización de cifras establecida por Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2018.