Despolitización y resistencias en la paradoja del refugio

La monografía que se presenta es una reflexión sobre el desarrollo del Estatuto de Autonomía y el impacto de la crisis financiera en el mismo. Para ello, centramos los debates en una triple dimensión: la eficacia de los derechos sociales ante la situación de crisis económica y las perspectivas de desarrollo estatutario, la financiación de las políticas públicas autonómicas y el impacto de la reforma laboral en el denominado Estado social de las autonomías

ÍNDICE PRESENTACIÓN I. FUNCIÓN Y POSICIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA CON LA PROPIEDAD INTELECTUAL POST MORTEM AUCTORIS por Joaquín Rams Albesa 1. Introducción 2. Ejercicio por las Administraciones Públicas de derechos propios de explotación de propiedad intelectual adquiridos mortis causa 3. Posición del Estado ante la propiedad intelectual de una obra tras la muerte del autor 4. La tutela de los "derechos morales" de reconocimiento de la autoría, integridad e intangibilidad de la obra (números 3o y 4o del artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual) ejercida por el ...

Los derechos sociales son un tema muy actual y controvertido, pues tocan asuntos de distinto tipo. ¿Cuál es el significado y alcance de los derechos sociales? ¿Son los jueces o los órganos políticos los llamados a fijar su contenido? ¿Es posible reclamar judicialmente para el caso de que no se protejan adecuadamente? ¿Cuáles son los pisos mínimos de dignidad, que permiten una adecuada vida en sociedad? ¿Cómo se combina la demanda ilimitada de prestaciones sociales con las evidentes limitaciones del presupuesto fiscal? ¿Qué rol le cabe a la sociedad civil, a los actores privados y ...

El proceso de integración en el ordenamiento jurídico positivo de los derechos y garantías de los obligados tributarios no ha sido fácil. No se trata ya en este punto de regular específicamente los derechos fundamentales y libertades públicas recogidos en la Constitución en el ámbito tributario, sino de decidir si en un Estado de Derecho se debe diseñar normativamente la posición jurídica del ciudadano frente a los poderes públicos, y más concretamente frente a la Hacienda Pública, al margen o adicionalmente al desarrollo normativo de aquellos derechos y libertades.