Interpretación de las normas y derecho penal

Cuando se habla de código civil se hace referencia a un conjunto ordenado, sistematizado y unitario de reglamentos contemplados por el derecho privado. Se trata, por lo tanto, de normas creadas para ejercer un control sobre los vínculos civiles establecidos por personas tanto físicas como jurídicas, ya sean privadas o públicas (respecto a esta última alternativa, cuando las personas actúan como particulares).

El principio general de autonomía de la voluntad —el «standum est chartae» del Derecho civil aragonés—, se proyecta en sede de sucesiones en la libertad de disposición del causante, con la consideración de su voluntad como ley de la sucesión, siendo una manifestación jurídico institucional del mismo la partición realizada por el causante, que puede deberse a diferentes y variados motivos: desde asegurar el cumplimiento de su voluntad en la división y adjudicación de los bienes que componen su patrimonio hasta el ahorro de tiempo y gastos o el evitar pugnas y los litigios en...

La evolución jurisprudencial, tanto en materia penal como constitucional, sigue comportándose muy dinámicamente, por lo que se hacía necesario poner al día, con el cierre del año 2019, la materia y su tratamiento por los tribunales de justicia. Igualmente, desde el punto de vista doctrinal en materia de fundamentación filosófica y política, hemos realizado nuevas reflexiones y citado algunos autores que comportan un apoyo crucial en el pensamiento que hemos venido sosteniendo por más de veinticinco años.

Este libro contiene una propuesta revisionista de la concepción tradicional del orden público económico. Inspirada en una visión libertaria, la obra, no obstante, revisa objetivamente y con rigurosidad los alcances de dicha noción y propone aquella que mejor se aviene con la Nueva Carta Fundamental de 1980. Este primer tomo repasa con prolijidad las numerosas aristas que ofrecen dos garantías constitucionales que configuran el eje de este nuevo orden público económico: la libertad económica y la no discriminación arbitraria en materia económica.