Jurisdicción constitucional y derechos fundamentales

La necesidad de protección del consumidor y usuario -y, más precisamente, del contratante débil-, inspira y justifica una relación de trabajos que, aun siendo independientes se ofrecen coordinados y unificados en un todo que quiere suponer una nueva aportación en materia de contratación privada, de responsabilidad de los operadores económicos y sociales y, de modo singular, de la empresa. Los textos aceptados por el Comité Científico encargado de la publicación, revisados y coordinados, se han agrupado en varias partes: en los estudios generales -y en los textos que abren y cierran...

El arbitraje a nivel mundial ha incrementado su importancia y uso. Las controversias, cuya resolución se someten a arbitraje, cada vez son más y este mecanismo alternativo de resolución de controversias ha probado desde hace mucho tiempo su eficacia en el ámbito internacional. Sin embargo, el desarrollo del arbitraje y su papel en el entorno global de los negocios trae consigo ciertas complejidades, verbigracia: el lenguaje arbitral. La creación de un diccionario que intentara uniformar de alguna forma voces que pueden tener distintas connotaciones tanto en el lenguaje jurídico como en...

El movimiento feminista transformó la vida de millones de personas y atravesó a todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, una disciplina fundamental de la vida social y política argentina, el Derecho del Trabajo, casi no registró el impacto de esa transformación. “Derecho Laboral Feminista”, el nuevo lanzamiento de Editorial Mil Campanas, ofrece un diagnóstico profundo de esa realidad y -también- un mapa con estrategias y propuestas para el cambio. En línea con este tiempo histórico, pero lejos de la superficialidad de los trabajos de ocasión, tres laboralistas de...

Las teorías de la pena se ocupan del cuestionamiento acerca de si la pena criminal puede ser justificada. Castigar estatalmente significa una carga considerable tanto para el autor que es sancionado como para la generalidad, los cuales deben asumir los costos. Su justificación requiere de una fundamentación cuidadosa que considere del mismo modo los intereses de las víctimas y de la generalidad, y que tenga en cuenta la necesidad de legitimación frente a los castigados.