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Los hogares pobres en el centro de la ciudad tienen a sus espaldas una amenaza inevitable: la expulsión hacia la periferia. Las políticas de ordenamiento territorial han impulsado la reubicación de hogares de bajos ingresos en zonas periféricas debido a los proyectos de ocupación de zonas privilegiadas en el corazón de la ciudad1. Los barrios donde se concentra la pobreza están condenados al aislamiento: la violencia cotidiana y las redes de delincuencia los convierten en sectores estigmatizados donde los programas para la inclusión social son insuficientes para contrarrestar los círculos viciosos de la marginalidad2. Con el fin de frenar "el deterioro" se implantan políticas de renovación urbana y conservación patrimonial que intervienen por medio de la expropiación de lotes, la reubicación en proyectos de vivienda estatal y la inversión en infraestructura física. El resultado es ineludible: el efecto paulatino en el aumento de los costos de la vivienda debido a la valorización del suelo produce la expulsión permanente de residentes de bajos ingresos. La transformación física (su "nueva cara") y la llegada de residentes de mayor poder adquisitivo se celebran con entusiasmo por parte de los inversionistas y pocos registran la historia de aquellos que se resignan a la frontera de la pobreza en la periferia urbana. Este proceso de reordenamiento territorial, en el que un grupo de menor poder adquisitivo es desplazado por otro con uno mayor es denominado gentrificación (a veces es señalado como elitización o aburguesamiento). En este proceso, las políticas públicas cumplen un papel central en la configuración de un mercado de vivienda excluyente.