La colaboración público privada

La distancia social ha resultado una medida efectiva para evitar contagiarse del Covid-19 (SARS-CoV-2), obligándonos a adoptar separaciones de carácter físico. No obstante, una parte de la sociedad ya venía ejerciendo una desapegada distancia social de tipo “moral” o “ético” respeto a los derechos humanos de otras personas, mostrando un frío desapego hacia las necesidades, miedos y sufrimientos de una parte importante de la población.Esta pandemia sufrida en el 2020, ha evidenciado cómo situaciones excepcionales pueden condicionar temporalmente las libertades consideradas como ...

En sintonía con las anteriores ediciones, esta tercera edición se preocupa por incorporar nuevas críticas y comentarios a las reformas legislativas ocurridas en materia de derecho laboral individual, incluyendo además nueva jurisprudencia. elmer aRCE ORTÍZ es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Doctor en Derecho por la Universidad de Cádiz, España. Es Profesor Principal del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Desde el 2017 es Director de la Maestría de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Pontificia...

Múltiples y de antaño han sido las propuestas encaminadas a reformar el proceso ejecutivo, mas todas ellas han tenido que afrontar el hecho de que en éste se entroncan dos procedimientos que son de naturaleza diversa, lo que ha generado un desplazamiento hacia un tipo de proceso que ya no tiene como objeto único la ejecución, sino que también persigue la declaración del derecho. Adicionalmente, tales propuestas de cambio se han centrado en los aspectos normativos, dejando de lado —por lo menos en forma explícita— cualquier consideración acerca de la escuela de pensamiento más...

Al igual que ocurre en los regímenes de responsabilidad Estatal internacional y SIDH, en donde se hace una distinción entre los hechos ilícitos internacionales y las violaciones a normas imperativas de derecho internacional —Ius cogens—, se plantea la posibilidad de aplicar en el régimen interno de responsabilidad estatal la aludida “responsabilidad internacional agravada”, en aquellos casos específicos de violaciones graves a derechos humanos, comoquiera que resulta necesario establecer la aludida distinción respecto de la imputación del daño al Estado en ese tipo de casos....