La colaboración público privada

La regulación de los conflictos de interés entre administradores y sociedad ha sido sustancialmente modificada por la reciente Ley 31/2014, de reforma de la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo. Ahora se ha establecido un detallado régimen cuyas piezas centrales son, por un lado, el deber de los administradores de no realizar, en particular, determinadas conductas; y, por otro lado, la posibilidad de permitir, bajo ciertas circunstancias, que el administrador lleve a cabo conductas generadoras de conflictos de interés. Pensada tanto para profesionales como...

Como lenguaje universal del mundo empresarial, la contabilidad es el instrumento o procedimiento a través del que se registran las transacciones económicas. Desde ese objetivo, una de las finalidades de la contabilidad es servir de medio de prueba en asuntos relacionados con la información financiera, por lo que los órganos jurídicos se apoyan en el testimonio de la contabilidad. Analizando la aportación, adquisición y valoración de la prueba contable en el derecho tributario, el objeto de estudio es relevante e inédito por tratarse de lo que podría llamarse "derecho probatorio...

Debemos realizar un replanteamiento de la función pública de ordenación del territorio y articular una nueva planta municipal que atienda de manera preferente al fenómeno de la despoblación. La "España vacía" necesita una política territorial que atienda a los problemas concretos del territorio de manera estructurada y estratégica y que proporcione a los ciudadanos unos servicios públicos eficientes. Acto seguido, debemos centrarnos en la transformación digital de los pueblos pequeños porque ello puede redundar en una simplificación administrativa que se traduzca en una...

Este libro contiene una propuesta revisionista de la concepción tradicional del orden público económico. Inspirada en una visión libertaria, la obra, no obstante, revisa objetivamente y con rigurosidad los alcances de dicha noción y propone aquella que mejor se aviene con la Nueva Carta Fundamental de 1980. Este primer tomo repasa con prolijidad las numerosas aristas que ofrecen dos garantías constitucionales que configuran el eje de este nuevo orden público económico: la libertad económica y la no discriminación arbitraria en materia económica.