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De entre todos los tipos de bibliotecas existentes, las bibliotecas públicas son las que contribuyen de manera más eficaz a hacer efectivos ciertos derechos que la Constitución reconoce a los ciudadanos: el derecho a recibir libremente información veraz [artículo 20.1.d)], el derecho a la educación (artículo 27.1) y el derecho de acceso a la cultura (artículo 44.1). Del ejercicio real de estos derechos por parte de los ciudadanos, y no de un reconocimiento meramente formal, depende que una sociedad se considere verdaderamente avanzada. No es una casualidad que los países más desarrollados económica y socialmente dispongan de los mejores sistemas de bibliotecas públicas del mundo. La creatividad, la innovación y el conocimiento que cada uno de los individuos que componen una sociedad puede generar depende de la cantidad y la calidad de la información de la que dispone.