Spanisches Gesellschafts-, Handels- und Insolvenzrecht

El proceso de integración en el ordenamiento jurídico positivo de los derechos y garantías de los obligados tributarios no ha sido fácil. No se trata ya en este punto de regular específicamente los derechos fundamentales y libertades públicas recogidos en la Constitución en el ámbito tributario, sino de decidir si en un Estado de Derecho se debe diseñar normativamente la posición jurídica del ciudadano frente a los poderes públicos, y más concretamente frente a la Hacienda Pública, al margen o adicionalmente al desarrollo normativo de aquellos derechos y libertades.

Cómo es posible que lo que es ley en España desde 1564, y con el transcurso del tiempo obvio, no lo fuese en Escocia hasta el primero de enero de 1940, fecha en la que entró en vigor la Marriage (Scotland) Act 1939? Dicho de otra forma, podía en 1936 constituirse en Escocia un matrimonio por el mero consentimiento de las partes, privadamente, como quien concluye un contrato de compraventa? La respuesta es afirmativa. Y se puede añadir que, en menor medida, hoy también es posible.De esto se derivan dos datos de interés. Primero, que la discusión de la Marriage (Scotland) Act 1939 en la ...

Como acertadamente refiere el Doctor Francisco José Infante Ruiz, quien se encarga de realizar el prólogo de esta obra, el presente libro coordinado por las profesoras Grisel Galiano Maritan y Teresa Delgado Vergara y, en el que participan una serie de abogados y profesores, trata del Derecho de contra­tos en el Código Civil de Ecuador. Pero no sólo eso, hay más. También se mueve en la encrucijada de un Derecho cambiante, que debe responder a una realidad social y económica muy diferente a la que conformó el Código civil de Ecuador en el siglo XIX, el cual casi no ha merecido la...

De todos es sabido que "más vale un mal acuerdo, que un buen juicio". Sin embargo, cuando las cosas se tuercen, a menudo no queda más remedio que acudir a los tribunales. Podemos definir los recursos como medios de protección al alcance de los ciudadanos para impugnar los actos y hechos judiciales o administrativos, que considere ilegítimos o no conformes con la Ley para defender sus derechos. Hemos de distinguir dos clases de recursos: los recursos judiciales (penales y civiles) y los recursos administrativos.