Teoría del bien jurídico tutelado por el Derecho penal español

Este Tomo IV de la Coleccion Tratado de Derecho Constitucional, del profesor Allan R. Brewer-Carias, sobre Las instituciones del Estado democratico de derecho en la Constitucion de 1961, tiene por objeto estudiar, en 1.180 paginas, la configuracion y consolidacion del Estado de derecho en el regimen constitucional del periodo democratico que se inicio en 1958 y que funciono hasta 1999. La exposicion parte de lo que expuso el autor en los primeros tres volumenes de la obra Instituciones Politicas y Constitucionales, editada en seis tomos por la Universidad Catolica del Tachira y la Editorial...

Este libro pretende ofrecer al lector una muestra amplia y detallada acerca de la función social de la Defensoría del Pueblo y las actuaciones del Canal de Denuncias en la gestión de los procesos, con el enfoque en la solución end-to-end, para una actuación efectiva del Case Management en instituiciones públicas y privadas. En ese sentido, se puede constatar que las actividades de estos canales están centrados en la recepción, análisis, investigación y tratamiento de las quejas recibidas, asumiendo la responsabilidad de apertura, cierre y demás actos relativos a los casos...

l estudio doctrinario de la cosa juzgada en los sistemas adherentes al civil law ha centrado tradicionalmente su análisis en la sentencia definitiva, considerando a lo anterior como una mera actividad preparatoria para dicho fin. El Código Procesal Civil de Brasil de 2015 rompe esta tradición al introducir la figura de la cosa juzgada sobre cuestión y hacerla invocable por un tercero. La presente obra trata precisamente sobre el tema de la cosa juzgada sobre cuestión, valiéndose del estudio del derecho comparado para analizar esta figura introducida en el Código Procesal Civil. Así,...

Las teorías de la pena se ocupan del cuestionamiento acerca de si la pena criminal puede ser justificada. Castigar estatalmente significa una carga considerable tanto para el autor que es sancionado como para la generalidad, los cuales deben asumir los costos. Su justificación requiere de una fundamentación cuidadosa que considere del mismo modo los intereses de las víctimas y de la generalidad, y que tenga en cuenta la necesidad de legitimación frente a los castigados.