Un proceso constituyente democrático en Venezuela

El Juez imparcial no es sólo un derecho fundamental de las partes de un litigio, pues es también una garantía institucional de un Estado de Derecho. La cuestión relativa a la protección de la imparcialidad judicial y los límites de la libertad de expresión de los Jueces no está exenta de problemas. Y la pregunta de qué pueden decir públicamente los Jueces no tiene una respuesta sencilla. En particular, los recientes casos de recusaciones de Magistrados del Tribunal Constitucional han atraído la atención de la opinión pública en una medida hasta ahora inédita, y han puesto de...

La posibilidad de formar un concepto penal de culpabilidad empresarial se ha convertido en la cuestión decisiva en torno a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Si se afirma la existencia de tal concepto, se podrá construir un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas; si no, el intento resultará vano. La presente monografía pretende abordar de manera completa la pregunta acerca de cómo puede construirse un concepto de culpabilidad empresarial, que, respetando los parámetros del Derecho penal moderno, refleje asimismo la esencia de la organización...

Una palabra, s, una sola palabra; bast para dejar en el desamparo de las normas jurdicas laborales, y con ello, hurfanos de la seguridad social a cientos de millones de personas que en la actualidad viven marginadas de la malla protectora del Derecho del Trabajo. Esa palabra fue introducida por el jurista italiano Lodovico Barassi, 1873-1961, y desde entonces vigente a lo actual. La palabra es la subordinacin laboral, su definicin y su enjertacin en la definicin de la relacin laboral como elemento esencial de ella. Esta obra cientfica trata en todos sus aspectos el problema y con fundamento...

Las teorías de la pena se ocupan del cuestionamiento acerca de si la pena criminal puede ser justificada. Castigar estatalmente significa una carga considerable tanto para el autor que es sancionado como para la generalidad, los cuales deben asumir los costos. Su justificación requiere de una fundamentación cuidadosa que considere del mismo modo los intereses de las víctimas y de la generalidad, y que tenga en cuenta la necesidad de legitimación frente a los castigados.