América Latina y el Caribe

La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, representa la respuesta de la sociedad y el legislador al tratamiento diferenciado de la delincuencia cometida por los menores y jóvenes en edades entre los 14 y 21 años, partiendo del principio del superior interés del menor, las garantías de nuestro ordenamiento constitucional y las normas de Derecho internacional, especialmente la Convención de los Derechos del Niño. La regulación expresa de la responsabilidad penal de los menores en una ley independiente del Código Penal se asienta en...

"While sorne researchers would approach the study of the Court through an article by article analysis and commentary, this approach would detract from the didactic goals and conceptual unity of the work. Instead, Professor Abello takes a thematic approach as he analyses the important features of the ICJ while taking into account their transition from the earlier PCIJ. The reader will understand the continuity between the Permanent Court of International Justice, an organ of the League of Nations and the International Court of Justice, the judicial organ of the United Nations. The Optional...

La aprobación de la Constitución de 1978, hace ya más de veinticinco años, comportó la transformación de las estructuras jurídico-políticas del Estado y la redefinición del rol de la magistratura y del ministerio público. Algunos de los jueces y fiscales que, aún formando parte del entramado institucional del Estado en el régimen precedente, contribuyeron al cambio político en España rinden tributo a la memoria de un compañero que se significó por su compromiso en la defensa de los derechos humanos como elemento clave de legitimidad democrática.

Tribunal Supremo en relación con asuntos o materias de análoga naturaleza a las que, sin embargo, el tamiz jurisdiccional de cada Sala altera su identidad, resultando de ello decisiones jurisprudenciales contradictorias, es un hecho constatable, que obstaculiza ineluctablemente la labor nomofiláctica de nuestro Alto Tribunal. Ante este panorama, nuestro ordenamiento carece de un instrumento válido y eficaz para paliar estas antinomias, pues ni la Sala Especial de Conflictos contemplada en los artículos 42 y siguientes de la LOPJ, ni el empleo masivo de disposiciones legislativas ad hoc...