Daños por productos

El constituyente de 1812 no duda en establecer un terminante imperativo constitucional para conminar a respetar el propio texto constitucional. El sujeto obligado es “la Nación” y el medio instrumental, el Derecho, las “leyes”. Este mismo artículo 4º de la Constitución de 1812 enunciaba algunos de los elementos jurídicos esenciales del Estado liberal de Derecho: libertad, propiedad, derechos individuales. En el presente estudio nos proponemos observar el contexto histórico político en que dicho imperativo legal se concreta por vez primera a través de la protección penal que...

La identificación y el alcance de las causas de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos siempre han constituido un objeto de debate entre la doctrina administrativista y los operadores jurídicos. Con un legislador, en ocasiones, poco riguroso con las categorías propias de la teoría de la invalidez y una jurisprudencia cambiante, e incluso contradictoria en esta materia, el presente trabajo pretender responder a la pregunta de qué actos administrativos merecen la calificación de nulos, así como la determinación de los efectos prácticos de esa calificación. Para ello, se ...

Esta obra ofrece un análisis, desde la perspectiva jurídica, del fenómeno del despilfarro que deriva de los casos de corrupción o ineficiencia extrema en la gestión de las finanzas públicas. Afronta, por tanto, una cuestión de evidente actualidad que interesa a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a los profesionales, no solo del derecho, sino también de otras áreas relacionadas con la administración de los recursos públicos.El libro examina la organización y funcionamiento del sector público, las exigencias jurídicas a las que debe someterse la actividad...

El título responde a las exigencias planteadas por la Recomendación (UE) 2017/1805 de la Comisión, de 3 de octubre de 2017, sobre la profesionalización de la contratación pública. De conformidad con el citado texto, aquellas personas implicadas en la contratación de bienes, servicios y obras, así como los auditores y funcionarios responsables de la revisión de los casos relacionados con la contratación pública, deberán disponer de las cualificaciones, formación, capacidades y experiencia adecuadas. El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas...