Derecho comunitario e iglesia católica

En derecho colombiano la resolución de un contrato por incumplimiento por regla general debe ser decretada por un juez, y mientras ello no ocurra el vínculo jurídico mantiene su fuerza obligatoria. Esta supuesta regla general es infunda-da, inconveniente y no se compadece con la moderna realidad económica y jurídica. Al lado de la resolución judicial ha existido, si bien de manera excepcional. la resolución unilateral, que permite a la parte afectada por el incumplimiento de un contrato desligarse de este mediante una notificación a la parte incumplida. Este libro, por una parte, hace ...

Obra producida en la línea de investigación “la mujer como víctima del delito en el marco del proceso penal: lectura crítica y propuestas de mejora”, que alimenta el autor desde hace más de dos décadas. En su seno, el solicitante, hasta ahora, en relación a la violencia de género, se ha centrado exclusivamente en la protección de la mujer mediante el proceso penal, cambia, ahora, no obstante, de enfoque, reparando en la labor judicial con los hombres condenados por violencia de género, dirigida a su efectiva resocialización y reeducación. La investigación parte de que, ante...

En las últimas décadas la obra de Luigi Ferrajoli se ha convertido en un punto de referencia obligado para los estudiosos de la teoría del derecho y los teóricos de la política. Sus trabajos sobre el derecho penal, los derechos fundamentales, la paz y la democracia han sido y siguen siendo objeto de discusiones, debates y polémicas, pero también de adhesiones. La presente obra, que reúne las voces de los más destacados conocedores europeos y latinoamericanos del pensamiento jurídico de Ferrajoli, ofrece al lector de lengua castellana una colección inédita de incursiones en los...

De todos es sabido que "más vale un mal acuerdo, que un buen juicio". Sin embargo, cuando las cosas se tuercen, a menudo no queda más remedio que acudir a los tribunales. Podemos definir los recursos como medios de protección al alcance de los ciudadanos para impugnar los actos y hechos judiciales o administrativos, que considere ilegítimos o no conformes con la Ley para defender sus derechos. Hemos de distinguir dos clases de recursos: los recursos judiciales (penales y civiles) y los recursos administrativos.