Derechos intelectuales y derecho a la imagen en la jurisprudencia comparada

Esta obra del profesor Allan R. Brewer-Carias, sobre Derechos y Garantias Constitucionales en la Constitucion de 1961 (La Justicia Constitucional), que aparece como Tomo V de la Coleccion Tratado de Derecho Constitucional, recoge en 1.022 paginas, todos sus estudios que fueron publicados en los ultimos anos de vigencia de la Constitucion de 1961, que fue la del periodo democratico que rigio hasta 1999, en la cual se sentaron las bases de los principios del constitucionalismo contemporaneo en Venezuela, en particular, los referidos a los derechos y a las garantias constitucionales. La obra...

El derecho administrativo, en su definición y contenido, ha sido visto tradicionalmente como uno de los campos jurídicos en los que se define, configura y concreta la tensión entre los ideales de igualdad y libertad de una sociedad. Históricamente, el derecho administrativo se desarrolló como un conjunto de herramientas encaminada a hacer que los gobernantes, en su interacción con la comunidad, se rigieran por unas normas que garantizaran la libertad de los individuos. Es decir, que no se cometieran arbitrariedades, que en la actuación del Estado se respetara el debido proceso de...

Con fecha de nacimiento de 13 de agosto, en Monterrey. De nacionalidad Mexicana. Doctorando en Educación Luis Fernando Narváez Cázares. Nacido en Monterrey Nuevo León, es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, Máster en Docencia (Universidad José Martí de Latinoamérica) y Doctorando en Educaión. A la fecha ha publicado más de 13 libros destacándose en dos áreas principales: Derecho (Diccionario Jurídico Básico, Manual de Derecho Laboral, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Introducción al Derecho Civil y Constitucional);...

Las teorías de la pena se ocupan del cuestionamiento acerca de si la pena criminal puede ser justificada. Castigar estatalmente significa una carga considerable tanto para el autor que es sancionado como para la generalidad, los cuales deben asumir los costos. Su justificación requiere de una fundamentación cuidadosa que considere del mismo modo los intereses de las víctimas y de la generalidad, y que tenga en cuenta la necesidad de legitimación frente a los castigados.