El principio tributario constitucional de simplicidad administrativa y su aplicabilidad en los reclamos administrativos realizados a los Gads municipales

Tribunal Supremo en relación con asuntos o materias de análoga naturaleza a las que, sin embargo, el tamiz jurisdiccional de cada Sala altera su identidad, resultando de ello decisiones jurisprudenciales contradictorias, es un hecho constatable, que obstaculiza ineluctablemente la labor nomofiláctica de nuestro Alto Tribunal. Ante este panorama, nuestro ordenamiento carece de un instrumento válido y eficaz para paliar estas antinomias, pues ni la Sala Especial de Conflictos contemplada en los artículos 42 y siguientes de la LOPJ, ni el empleo masivo de disposiciones legislativas ad hoc...

El Derecho penal de las “sociedades occidentales” está sufriendo desde hace algunos años transformaciones fundamentales: tanto la percepción social de la relevancia del delito y del ordenamiento penal como su utilización en los procesos políticos están cambiando. En este contexto, aún más después de los sucesos del 11 de septiembre de 2001, se aprecia la aparición de sectores de regulación (dirigidos a combatir la “criminalidad organizada” y, sobre todo, el terrorismo) en los que estos cambios político-criminales cristalizan en lo que Jakobs ha llamado “Derecho penal del ...

Las garantías son recurrentes en el tráfico empresarial, siendo una exigencia habitual en las transacciones financieras en la búsqueda permanente de la seguridad jurídica. No pueden obviarse ya las singularidades mercantiles que las distinguen en la práctica empresarial. En ocasiones encontramos incluso una respuesta legislativa a estas singulares especialidades. Los autores son abogados, profesores de Universidad, notarios y registradores.

Al igual que ocurre en los regímenes de responsabilidad Estatal internacional y SIDH, en donde se hace una distinción entre los hechos ilícitos internacionales y las violaciones a normas imperativas de derecho internacional —Ius cogens—, se plantea la posibilidad de aplicar en el régimen interno de responsabilidad estatal la aludida “responsabilidad internacional agravada”, en aquellos casos específicos de violaciones graves a derechos humanos, comoquiera que resulta necesario establecer la aludida distinción respecto de la imputación del daño al Estado en ese tipo de casos....