El delito culposo o imprudente en Derecho penal y su regulación en el COIP

Este libro constituye el primer estudio jurídico completo sobre toda la legislación que como producto de la descentralización del Estado se ha ido elaborando en esta Comunidad Autónoma. Sin constituir un corpus jurídico que se aleje de los planteamientos de la teoría general del Derecho Administrativo, su estudio se ha hecho necesario desde el momento en que las innovaciones normativas producidas a lo largo de estos años dotan ya de una especificidad propia de Derecho positivo aplicable. Por ello su utilidad va más allá de la de su uso en las aulas universitarias y comprende a todos...

La reforma contable que se ha derivado de la aprobación del Plan General Contable y del PGC para pymes es, sin duda, de gran calado{ incluso podríamos decir que se trata de un cambio de filosofía porque:· Deja de ser una rendición de cuentas al propietario de su patrimonio empresarial, para estar dirigida a que los inversores y analistas conozcan la situación presente y las perspectivas futuras de la empresa{· La información contenida en los estados financieros deja de estar supeditada a la correcta medida del resultado del período (cuenta de pérdidas y ganancias), pasando a ser...

La libertad de expresión y de opinión es un derecho clave para poder ejercer el derecho a proteger y promover los derechos humanos que está protegido por la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, adoptada en 1998 por las Naciones Unidas. Existe un Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, que garantiza su protección. Al proteger la libertad de expresión y de opinión no sólo se protege un derecho individual, sino que ello revierte en una protección colectiva de la posibilidad de denunciar las violaciones de...

Este libro está compuesto por una serie de trabajos que, de manera conjunta, proponen la necesidad de construir una Teoría de la Prueba judicial a partir de dos condiciones. En primer lugar, esta debe estar constituida desde los hechos y los problemas planteados por éstos, y no desde las normas, esto es, que no se limite a ver los problemas de prueba como problemas de interpretación de las normas jurídicas que regulen la actividad probatoria.