Forma, formalidades y contenido del contrato estatal

La Administración Local necesita legitimarse a través de su buen hacer, de su buena gestión de lo público y de la calidad en los servicios públicos que presta. Para ello, debe organizar la gestión de sus recursos y la capacidad de sus personas para obtener los mejores resultados posibles en términos de eficiencia y eficacia. Los servicios públicos se sustentan siempre en procesos dentro de las organizaciones. Cuando estos servicios no alcanzan el nivel de compromiso o resultados que sus equipos de gobierno, directivos públicos, empleados y clientes esperan de ellos, se hace necesario ...

Libro especializado que se ajusta al desarrollo de la cualificación profesional y adquisición del certificado de profesionalidad "COMT0110. ATENCIÓN AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO". Manual imprescindible para la formación y la capacitación, que se basa en los principios de la cualificación y dinamización del conocimiento, como premisas para la mejora de la empleabilidad y eficacia para el desempeño del trabajo.

¿La siguiente secuencia es cierta: delitos de odio + delitos de expresión = delito de opinión? En el debate social, académico y jurisprudencial posiblemente no exista una cuestión más discutida que la que hemos planteado. Resulta imperioso afrontar este interrogante a través de una obra colectiva como la que el lector tiene entre sus manos, máxime si se tiene en cuenta el reciente anuncio del legislador de afrontar una intensa reforma de estos delitos. Esta obra parte de una idea: el debate sobre los delitos de opinión debe plantearse inicialmente en un nivel previo a las propias...

El sistema de atención a la dependencia, denominado SAAD, se articula en España a partir de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Individual y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Un día antes que la ley española, el 13 de diciembre de 2006, había sido aprobada la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor para el Estado español el 8 de mayo de 2008. El enfoque basado en derechos y el modelo social de la discapacidad suponen los dos elementos que condicionan el régimen de la...