Influencia de Manuel Gòmez Morin en el Momento Fundacional del Partido Acciòn Nacional 1939

Para enfrentar al crimen organizado tiene que entenderse cómo funciona. El yugo zeta está basado en documentos judiciales facilitados por el gobierno del estado de Coahuila, en información entregada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en una búsqueda exhaustiva de materiales. Explica en detalle la manera en que los Zetas controlaron el norte de Coahuila durante unos años y cómo interactuaban con las autoridades de diferentes niveles. Explora en particular su control del penal de Piedras Negras y la brutalidad empleada en Allende y otros municipios por una traición en la...

Un año después de la victoria del ejército sublevado, Diego Abad de Santillán (pseudónimo de Sinesio Baudilio García Delgado) publicó Por qué perdimos la guerra. Firmó el libro en Buenos Aires, el 5 de abril de 1940, alejado de España y de la contienda. Cerraba, así, varios años de intensa actividad y propaganda revolucionarias desde la dirección de la Federación Anarquista Ibérica (FAI) y la CNT. Se atrevía a plantear explícitamente, recién terminada la contienda, la pregunta que otros protagonistas del bando vencido se estaban haciendo y continuarían replanteándose. La...

En una sociedad polarizada y prejuiciosa, como lo es la mexicana, el tema del derecho a la posesión y portación legales de armas de fuego se halla sujeto a maniqueísmos ético-políticos y, en mayor medida, a una ignorancia atroz. El presente volumen nace a partir de una documentada investigación que busca clarificar los antecedentes, contradicciones, mitos y vacíos de la ley de la materia, El derecho de armarse responde a polémicos cuestionamientos: ¿Ese derecho es un derecho humano? ¿La posesión y portación legales de armas de fuego incide en el aumento de los índices delictivos? ...

El 14 de octubre de 2019, seis exmiembros del Govern de la Generalitat, la expresidenta del Parlament y los máximos dirigentes de dos asociaciones civiles fueron condenados como autores de un delito de sedición, y alguno de ellos también por malversación de caudales públicos, a penas que oscilan entre los 9 y los 12 años de prisión e inhabilitación para cargos públicos. Según la sentencia, los condenados habían diseñado y ejecutado un plan desde 2012 hasta octubre de 2017 que culminó con un alzamiento tumultuario y violento que impidió, mediante la alteración del orden...