Mackentor. Crónica de un saqueo. Los oscuros negocios de Supercemento, Franco Macri y el Estado.

Resumen del Libro

Mackentor fue una constructora con sedes en Córdoba y Buenos Aires, que los militares ocuparon el 25 de abril de 1977 con la excusa de que financiaba a una organización guerrillera. Nunca se les pudo probar vinculación alguna con las organizaciones armadas de la época. Se trató de un montaje que persiguió el objetivo de quitarle la construcción del Segundo Acueducto Villa María – San Francisco, una de las principales obras de públicas que se construían en Argentina en la década de los 70’, y entregársela a la empresa Supercemento. Entre ejecutivos, empleados y familiares, la dictadura secuestró y detuvo a 30 personas en Córdoba, Santiago del Estero, San Juan y Buenos Aires. Cuatro de sus directivos recuperaron la libertad casi cuatro años después, mientras que Natalio Kejner fue perseguido, incluso después de 1983, en plena democracia y hasta hoy es un caso abierto en la Justicia argentina. Cuatro abogados relacionados con el síndico de la empresa –el abogado Gustavo Roca- fueron secuestrados y permanecen desaparecidos desde 1976. La acción culminó con la destrucción patrimonial de la firma. Los grupos de tarea que asolaron el país en aquellos años, solaparon su acusación justamente detrás de la figura de Gustavo Roca, quien había sido defensor de presos políticos en los años 60 y 70, y uno de los principales denunciantes en Estados Unidos, en septiembre de 1976, de las violaciones a los derechos humanos. Su denuncia sumó elementos para que al año siguiente, el presidente norteamericano Jimmy Carter, decidiera suspender la venta de armas a la Argentina. Roca –quien se exilió en España en 1976- tenía dos enemigos acérrimos: Luciano Benjamín Menéndez y el juez federal cordobés Adolfo Zamboni Ledesma. La verdad es que durante el primer semestre de 1977, la dictadura cívico-militar llevó adelante una serie de intervenciones en el terreno de las relaciones económicas para favorecer a grupos afines, dirimir sus internas políticas o simplemente, apropiarse de bienes. Mackentor es una víctima de ese accionar. El trabajo cuenta, además, los diferentes planos de acción del Terrorismo de Estado, tanto en lo militar, como en lo económico y judicial. Justamente, uno de los focos está puesto en el territorio judicial, que pese a los juicios por crímenes de lesa humanidad que se llevaron adelante, mantuvo un velo de ocultamiento de su papel y responsabilidades en la ocupación; secuestro y tortura de directivos y empleados; desapoderamiento de bienes de Mackentor; destrucción patrimonial de la compañía; persecución en democracia de Natalio Kejner; y de protección a los jueces y funcionarios de la Justicia que tomaron parte de este episodio. Por cierto, también es la cara de un fallido experimento burgués que se propuso construir capacidad y tamaño económico sin asociarse con las compañías transnacionales. Quisieron protagonizar el desarrollo argentino y perdieron. Florecieron en menos de dos décadas y a mitad de los ’70, su primavera terminó abruptamente. Tanto por su derrota frente a Supercemento, un grupo económico concentrado y asociado al capital extranjero, como por la dictadura de 1976, que los secuestró, encarceló, saqueó y persiguió. El saqueo militar y judicial de MacKentor es una historia que rompe los estereotipos simplistas sobre los objetivos del golpe cívico-militar de 1976. MacKentor revela que hubo corrupción y Terrorismo de Estado, las dos cosas. También, que la dictadura persiguió a empresarios que se enfrentaban a su proyecto económico y sus negocios. La experiencia de MacKentor obliga, además, a reflexionar sobre si Argentina pudo ser la locomotora económica de Sudamérica o si esa idea fue una simple fantasía.