Moderno discurso penal y nuevas tecnologías

La disposición final octava de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, autorizó al gobierno para aprobar, a propuesta conjunta de los Ministerios de Justicia y de Economía y Competitividad, un texto refundido de la Ley Concursal. Esa autorización no era sólo para refundir, sino que incluía expresamente la facultad de "regularizar", la facultad de "aclarar" y la facultad de "armonizar" los textos legales objeto de refundición. No se trataba de confeccionar un texto consolidado, sino de algo mucho más ambicioso. La idea que estaba latente en esa disposición final era la de que existía una...

Esta investigación ofrece una explicación detallada acercade las consecuencias que debe afrontar el Estado y el proponente al incumplirlos mandatos legales y constitu­cionales que sirven de fundamento al derecho ala consulta previa en comunidades indígenas en un contrato de obra pública.Bajo esta óptica, la autora fundamenta dichas consecuencias en casosjurisprudenciales y determinaciones gubernamentales en el estudio de losprincipios y reglas establecidas en torno a la consulta previa. Los argu­mentosque componen esta investigación analizan en principio el desarrollo históricode la...

Un clásico del ecologismo que narra la historia del pueblo que reinventó el mundo. Al norte de la selva amazónica colombiana, Los Llanos, una de las zonas más hostiles de la Tierra, se ha convertido en el sorprendente escenario de una de las historias medioambientales más esperanzadoras que existen. A finales de los años 60, Paolo Lugari, un joven colombiano experto en desarrollo, se preguntó si esta árida región podría transformarse en un lugar habitable. No podía imaginar que cuarenta años más tarde su experimento llegaría a convertirse en un paradigma del desarrollo...

De todos es sabido que "más vale un mal acuerdo, que un buen juicio". Sin embargo, cuando las cosas se tuercen, a menudo no queda más remedio que acudir a los tribunales. Podemos definir los recursos como medios de protección al alcance de los ciudadanos para impugnar los actos y hechos judiciales o administrativos, que considere ilegítimos o no conformes con la Ley para defender sus derechos. Hemos de distinguir dos clases de recursos: los recursos judiciales (penales y civiles) y los recursos administrativos.