Tecnologías en el siglo XXI. Reflexiones desde una perspectiva de género.

La tipificación del contrato de alimentos se ha llevado a cabo por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, regulándose en los arts. 1791 a 1797 CC, si bien se trata de una figura que, con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad, ya era admitida en la práctica y conocida como contrato vitalicio o contrato de cesión de bienes a cambio de alimentos. Esta modalidad contractual -tanto si nos referimos al contrato vitalicio como al nuevo contrato de alimentos-, consiste en que una de las partes se obliga a prestar...

El robo de bienes culturales afecta tanto a los países desarrollados como en vías de desarrollo. El tráfico ilícito de bienes culturales constituye un delito transnacional que afecta a los países de origen, tránsito y destino. Este fenómeno delictivo se ve propiciado por la demanda de los mercados de arte, la apertura de fronteras, la mejora de los sistemas de transporte y la inestabilidad política de determinados países.

Las empresas tienen claros incentivos para evitar la comisión de delitos en su contra, sean estos perpetrados por personas ajenas a su estructura o por sus propios trabajadores y representantes. Salvo intervención del sistema jurídico, sin embargo, tienen menos razones para prevenir los ilícitos que contra terceros puedan cometerse desde su estructura, especialmente aquellos que les pueden reportar beneficios, sea en forma de ahorro (delitos contra el medio ambiente, los derechos de los trabajadores o la hacienda pública) o de ganancias ilícitas (apropiaciones indebidas, ilícitos...

El Derecho penal de las “sociedades occidentales” está sufriendo desde hace algunos años transformaciones fundamentales: tanto la percepción social de la relevancia del delito y del ordenamiento penal como su utilización en los procesos políticos están cambiando. En este contexto, aún más después de los sucesos del 11 de septiembre de 2001, se aprecia la aparición de sectores de regulación (dirigidos a combatir la “criminalidad organizada” y, sobre todo, el terrorismo) en los que estos cambios político-criminales cristalizan en lo que Jakobs ha llamado “Derecho penal del ...