Teoría general de las obligaciones

Es oportuno recordar que el vigente Código Civil español, que se ordenó publicar en España mediante Real Decreto de 24 de julio de 1889, también ha estado vigente en la República de Cuba, con las oportunas adaptaciones, desde el día 5 de noviembre de aquel mismo año de 1889 hasta el 12 de abril de 1988, y que el propio Código de Comercio cubano de 22 de agosto 1885 sigue siendo el mismo que rige en España, con las oportunas adaptaciones y reformas propias de cada país. La República de Cuba haciendo uso de las atribuciones conferidas en el inciso b) del artículo 73 de su...

Las teorías de la pena se ocupan del cuestionamiento acerca de si la pena criminal puede ser justificada. Castigar estatalmente significa una carga considerable tanto para el autor que es sancionado como para la generalidad, los cuales deben asumir los costos. Su justificación requiere de una fundamentación cuidadosa que considere del mismo modo los intereses de las víctimas y de la generalidad, y que tenga en cuenta la necesidad de legitimación frente a los castigados.

Lesch aclara con precisión qué se quiere decir cuando se habla de la pena y su función. En términos generales se refiere a ella como un mal que se causa a una persona en un procedimiento público-general, llevado a cabo por el Estado formal, en cuanto se ha producido la lesión de una regla jurídica, si esta lesión se tiene que imputar a esa persona a modo de reproche.

Análisis crítico de las diferentes concepciones que han dominado el universo jurídico y sus definiciones del derecho: iusnaturalismo, positivismo, realismo y posiciones eclécticas, las cuales han sido para el autor incapaces de descubrir el ser del derecho. Bastida propone aquí su propia solución al problema de la ontología del derecho y aborda el derecho como un tipo especial de creencia que desempeña el papel de "catalizador de obediencia" en el hombre.

La presente monografía trata de manera pormenorizada la figura de las sociedades mercantiles de capital mixto (público-privado) en el ámbito urbanístico. La polémica figura de la colaboración público-privada institucionalizada en este ámbito, no ha tenido, en España, una aceptación unánime tanto por los promotores de obra pública, como por los constructores y, en definitiva, por los socios privados, siendo ellos el principal apoyo financiero que deben tener las sociedades de económica mixta. Sin embargo, la presente monografía señala que, después de una grave crisis...