Argumentación y corrupción

La libertad de expresión y de opinión es un derecho clave para poder ejercer el derecho a proteger y promover los derechos humanos que está protegido por la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, adoptada en 1998 por las Naciones Unidas. Existe un Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, que garantiza su protección. Al proteger la libertad de expresión y de opinión no sólo se protege un derecho individual, sino que ello revierte en una protección colectiva de la posibilidad de denunciar las violaciones de...

Por su naturaleza, el Estrecho de Gibraltar se enfrenta a una, cada vez mayor, degradación de su medio ambiente marino, consecuencia, entre otras, de la ausencia de un marco jurídico adaptado a su particularidad. Y es que, al día de hoy los estrechos utilizados para la navegación internacional, carecen de una normativa específica que responda a esta situación. De hecho, podría afirmarse que la CNUDM es el único tratado internacional que, de forma expresa, hace referencia en su articulado a la protección del medio marino de los estrechos de navegación internacional. Por lo que se...

La regulación jurídico-penal del acoso familiar y no familiar se establece con la LO 1/2015, de 30 de marzo, que lo tipifica como delito en el art. 172 ter CP, también conocido como acecho o stalking, dentro de los delitos contra la libertad y con una técnica restrictiva al establecer las formas de acoso de un modo tasado; y aunque es un delito común, se estableció en el marco de la violencia de género para proteger especialmente a la mujer. El nuevo delito que viene a colmar la ausencia de un tipo penal específico para combatir las conductas de acoso persecutorio, ofrece respuesta...

El legislador en el año 2013 acomete, una vez más, el objetivo de fomentar el mercado privado de las viviendas en alquiler a través de dos novedades legislativas que pretenden dar solución a la realidad social que se vive en los últimos años en España fruto de la crisis económica. Por un lado, la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social pretende dar respuesta a los problemas derivados de la morosidad hipotecaria como consecuencia de la concesión abusiva de créditos hipotecarios....