Corrupción y desarrollo

LEY DE UNIONES DE CRÉDITO TITULO PRIMERO Disposiciones preliminares CAPITULO UNICO Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de las uniones, así como las operaciones que las mismas podrán realizar. Artículo 2.- El Gobierno Federal y las entidades de la administración pública paraestatal no podrán responsabilizarse ni garantizar el resultado de las operaciones que realicen las uniones, así como tampoco asumir responsabilidad alguna de las obligaciones contraídas...

La normativa que regula la subcontratación en el sector de la construcción -fundamentalmente, la Ley 32/2006 y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1109/2007- es una de las grandes novedades legislativas de estos últimos tiempos y, como suele suceder en estos casos, ha dado lugar a un sinnúmero de dudas a la hora de afrontarla y ponerla en práctica como, por ejemplo, al tratar la determinación de unos porcentajes mínimos de plantilla con relación laboral indefinida, la implantación de un nuevo libro de subcontratación, el establecimiento de un registro de empresas...

Esta guía, publicada conjuntamente por la OMPI y la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado, es una herramienta pragmática, redactada por jueces y para jueces, en la que se examina el funcionamiento del Derecho internacional privado en cuestiones relativas a la propiedad intelectual (PI). La guía se nutre de referencias ilustrativas a determinados instrumentos internacionales y regionales y a las legislaciones nacionales con el objetivo de ayudar a los jueces a aplicar las leyes de su propia jurisdicción, apoyándose en el conocimiento de cuestiones clave relativas a la ...

La presente obra realiza un completo análisis de la tributación de las explotaciones económicas enclavadas en los espacios naturales protegidos, incidiendo en las particularidades a nivel desgravatorio, previstas en los diferentes tributos estatales y autonómicos. Junto a ello, el autor demuestra que la declaración de un espacio natural protegido, supone —de facto—, la constitución de una servidumbre de conservación a perpetuidad para los propietarios de los terrenos afectados por dicha declaración. Como consecuencia, adviene el denominado «lucro cesante», que será preciso...