Filosofía. Una introducción para juristas

La problemática que encierra el empleo de condiciones generales de la contratación a través de Internet, incorporadas en muchas de las páginas web existentes en la red, conlleva una indudable inseguridad jurídica. La presente obra estudia las posibilidades que nuestro Derecho ofrece para dar respuesta a esta situación, prestando especial atención a las novedades introducidas sobre este ámbito por la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, así como a las modificaciones legislativas que será obligado acometer en un futuro.

La democracia participativa es una de las vías de superación de la crisis de legitimidad de los estados constitucionales que más notoriedad ha adquirido en los últimos años. Sin embargo, no existe un concepto unívoco de democracia participativa porque no hay consenso sobre qué signifi que participar en los asuntos públicos. Si bien es necesario un mínimo de participación para que exista democracia, una decidida ampliación de los derechos de ciudadanía activa contradice las concepciones hegemónicas de la constitución y la democracia, que se orientan, precisamente, a limitar la...

El apoyo de la Blockchain a la actividad contractual dificulta la aplicación de la nulidad absoluta por objeto ilícito como siempre ha sido definida: como un supuesto de ineficacia por invalidez. Lo anterior ocurre al impedirse: (i) determinar la ley aplicable, debido a la descentralización de la Blockchain; (ii) identificar a las partes, en razón a su pseudoanonimato; (iii) interpretar el contenido del contrato, por la tecnificación del lenguaje; (iv) suprimir los efectos del contrato, por la irreversibilidad de la transacción. La presente investigación busca explorar las premisas del ...

El trabajo que comentamos no sólo aborda problemas filosóficomorales sino también, como no podía ser menos, aspectos jurídicos. En opinión del profesor Álvarez, el derecho a la libre disposición de la vida se fundamenta en el artículo 16 de la Constitución que consagra el derecho a la libertad ideológica, que, a su juicio, tiene una evidente vertiente práctica sin la que la libertad ideológica quedaría desnaturalizada.