Jurisdicción de familia XX años

La compatibilidad entre el Estado de Derecho y el Estado social no es una premisa teórica. Tiene unas exigencias insoslayables, que pasan por la obligación para el Estado de crear las condiciones socio-económicas que hagan realidad los derechos fundamentales proclamados en la Constitución. En el desarrollo concreto del Estado constitucional democrático de nuestros días, parece cada vez más certera la opinión que se inclina por superar la eventual contraposición entre los derechos que son expresión del principio liberal puro, los que son manifestación del principio democrático y...

Los posibles vínculos entre psiquismo y conducta delictiva son de interés tantopara los profesionales del derecho como para los especialistas —psicólogos, psiquiatras, médicos legistas y otros— encargados del estudio de la humana unidad mente-conducta. Este interés se acrecienta si se trata específicamente de penalistas, juristas encargados de asuntos civiles, criminólogos de cualquier perfil profesional de origeno especialistas forenses encargados de aclarar pericialmente cuestiones sobre el es-tado mental de personas de interés judicial.

El movimiento feminista transformó la vida de millones de personas y atravesó a todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, una disciplina fundamental de la vida social y política argentina, el Derecho del Trabajo, casi no registró el impacto de esa transformación. “Derecho Laboral Feminista”, el nuevo lanzamiento de Editorial Mil Campanas, ofrece un diagnóstico profundo de esa realidad y -también- un mapa con estrategias y propuestas para el cambio. En línea con este tiempo histórico, pero lejos de la superficialidad de los trabajos de ocasión, tres laboralistas de...

Este libro contiene una propuesta revisionista de la concepción tradicional del orden público económico. Inspirada en una visión libertaria, la obra, no obstante, revisa objetivamente y con rigurosidad los alcances de dicha noción y propone aquella que mejor se aviene con la Nueva Carta Fundamental de 1980. Este primer tomo repasa con prolijidad las numerosas aristas que ofrecen dos garantías constitucionales que configuran el eje de este nuevo orden público económico: la libertad económica y la no discriminación arbitraria en materia económica.