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La Administración General del Estado posee o controla más de ciento cuarenta sociedades mercantiles que utiliza para la consecución de los más variados fines: gestión del patrimonio público, explotación de monopolios, actuaciones de fomento, producción de bienes y servicios. Algunas generan ingresos, otras — la mayoría— viven de los presupuestos del Estado. En todos los casos, la actuación a través de estas personificaciones jurídico-privadas supone evitar la aplicación de las normas propias de las Administraciones públicas, o atenuarlas cuanto menos, de ahí que se las considere el ejemplo paradigmático del fenómeno de huida al Derecho privado.