Los grupos societarios

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.Con la actualización de cifras establecida por Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2018.

La disposición final octava de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, autorizó al gobierno para aprobar, a propuesta conjunta de los Ministerios de Justicia y de Economía y Competitividad, un texto refundido de la Ley Concursal. Esa autorización no era sólo para refundir, sino que incluía expresamente la facultad de "regularizar", la facultad de "aclarar" y la facultad de "armonizar" los textos legales objeto de refundición. No se trataba de confeccionar un texto consolidado, sino de algo mucho más ambicioso. La idea que estaba latente en esa disposición final era la de que existía una...

La firma electrónica es un instrumento tecnológico que, con plena seguridad, permite a los sujetos identificarse y manifestar su consentimiento en las relaciones articuladas a través de redes telemáticas. No obstante, esta solución técnica ha suscitado significativas incógnitas tales como el valor jurídico de este tipo de firma o el régimen legal de los prestadores de servicios de certificación que hacen posible este instrumento. Con todo, las cuestiones precedentes no son las únicas. El contrato que vincula al firmante y al emisor de la firma -el desconocido contrato de...

El proceso de integración en el ordenamiento jurídico positivo de los derechos y garantías de los obligados tributarios no ha sido fácil. No se trata ya en este punto de regular específicamente los derechos fundamentales y libertades públicas recogidos en la Constitución en el ámbito tributario, sino de decidir si en un Estado de Derecho se debe diseñar normativamente la posición jurídica del ciudadano frente a los poderes públicos, y más concretamente frente a la Hacienda Pública, al margen o adicionalmente al desarrollo normativo de aquellos derechos y libertades.