Problemas globales. Cinco siglos después de la primera vuelta al mundo

La Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre sociedad anónima europea domiciliada en España, ha venido a establecer los complementos mínimos al Reglamento comunitario 2157/2001, de ocho de octubre, relativo a la sociedad europea, a fin de completar su insuficiente régimen jurídico. A partir de este momento, por tanto, la sociedad europea domiciliada en España es una opción jurídica más para los operadores económicos, que se revela de especial utilidad para dar forma a procesos de concentración económica y para facilitar la movilidad empresarial en Europa. El presente libro pretende...

Esta séptima edición supone una reestructuración completamente nueva de la obra, que a partir de este momento se completa a lo largo de 4 volúmenes y tres tomos. Este primer tomo que ahora ve la luz se compone de dos volúmenes que abarcan en su totalidad la teoría general del contrato, el concepto y fundamento de seguro, los caracteres del contrato, los elementos esenciales (RIESGO, INTERÉS), la póliza, el condicionado y los deberes y obligaciones de las partes para concluir con la prescripción y la duración del contrato de seguro.

En 1991, la paz no se hizo posible, entre otros motivos, porque "Tiro Fijo" se equivocó y siguió con la técnica de dilatar cualquier solución en espera de un triunfo final de la guerrilla comunista y no aceptó la invitación para participar en la Asamblea, presentar sus propuestas y acordar unas nuevas instituciones que fueran un nuevo pacto social. Pero se sentaron las bases y éstas son firmes. La evaluación final nos dirá que fueron muchos más los aciertos que los yerros y que estos se pueden superar. Es preciso seguir defendiendo la Carta de 1991 y no aceptar las pro-puestas de...

De todos es sabido que "más vale un mal acuerdo, que un buen juicio". Sin embargo, cuando las cosas se tuercen, a menudo no queda más remedio que acudir a los tribunales. Podemos definir los recursos como medios de protección al alcance de los ciudadanos para impugnar los actos y hechos judiciales o administrativos, que considere ilegítimos o no conformes con la Ley para defender sus derechos. Hemos de distinguir dos clases de recursos: los recursos judiciales (penales y civiles) y los recursos administrativos.